Estudios TRE
Evaluaciones del Entorno Regulatorio de las Telecomunicaciones
Marzo de 2010: Nuevo informe: Evaluación del ERT en el Perú 2007-2009
Desde 2006 DIRSI y LIRNE.NET han realizado evaluaciones del Entorno Regulatorio de las Telecomunicaciones en seis países de la región de América Latina y el Caribe (Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Uruguay).
Last reviewed / Última revisión 24.05.10Debate sobre evaluaciones ERT en ACORN-REDECOM
Durante la sesión sobre evaluación del Entorno Regulatorio de las Telecomunicaciones (ERT) realizada el 15 de mayo en la Conferencia de ACORN-REDECOM, dos investigadores de DIRSI presentaron sendos informes, una actualización del ERT del Perú y un estudio comparativo de los ERT de Perú y Ecuador.
ERT en los países andinos: evidencia de Perú y Ecuador 2007-2009
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El entorno regulatorio en el Perú presenta leves mejoras
En un informe que acaba de publicar DIRSI se muestra que el entorno regulatorio en el Perú mejoró levemente en el período 2007-2009. El estudio se titula Entorno regulatorio de las telecomunicaciones: Perú 2007-2009 y fue elaborado por Jorge Bossio empleando la metodología de Evaluación del Entorno Regulatorio de las Telecomunicaciones (ERT) desarrollada por los colegas de DIRSI de LIRNEasia como una manera de abordar la comprensión del desempeño regulatorio.
Entorno regulatorio de las telecomunicaciones: Perú 2007-2009
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La metodología TRE asume que la inversión es una condición necesaria para el buen desempeño del sector de las telecomunicaciones, y que la percepción del riesgo de la inversión incide en la decisión de invertir. Mediante el uso de un cuestionario a través de entrevistas con una muestra estadísticamente significativa de expertos y stakeholders de la industria de las telecomunicaciones, las evaluaciones ERT atraviesan seis dimensiones de riesgo regulatorio de los sectores de telefonía móvil y fija.
Reseña de las Evaluaciones del Entorno Regulatorio de las Telecomunicaciones
Chile
Regulación e Inversión en Telecomunicaciones: Estudio de caso para Uruguay
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El estudio muestra con claridad una percepción diferenciada entre los dos sectores de telecomunicaciones analizados. Mientras en telefonía fija la mayoría de las dimensiones evalúan la regulación nacional como “ineficaz” o “regular”, en el caso de la telefonía móvil el juicio es ampliamente favorable, y se considera que el entorno regulatorio supera el valor medio.
Privatización, Regulación e Inversión: Estudio de Caso de Regulación e Inversión en Telecomunicaciones en Guyana
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La preocupación principal del sector era la interconexión. Dado el estado incipiente de la liberalización del sector de telefonía móvil, no es sorprendente que la interconexión sea el tema central. Las evaluaciones promedio para esa dimensión son insatisfactorias (para los dos períodos observados: 1996-2000 y 2001-actualidad). Se constató la falta de reglas regulatorias claras y detalladas, y eso condujo a disputas entre las empresas establecidas y las que se iniciaban. Otro tema potencialmente problemático fue el de la asignación del espectro.
Regulación e Inversión en Telecomunicaciones. Estudio de Caso para Chile
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Para este estudio de caso se seleccionaron dos períodos de evaluación (1994-1998 y 1999-2004) coincidentes con acontecimientos clave en el ámbito regulatorio del sector, al igual que con cambios importantes en el flujo de inversiones. Entre los dos períodos evaluados ocurrieron importantes modificaciones en la composición de las inversiones, debido a beneficios del entorno y a una situción de mayor certeza acerca de la interconexión y los precios. Al superar el par trenzado, las redes móviles y de cable adquirieron más importancia hacia el final del período.
Regulación e Inversión en Telecomunicaciones. Estudio de Caso para Ecuador
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Los resultados obtenidos no son halagadores para el país. La percepción generalizada es que el entorno regulatorio vigente tiene mucho por mejorar y trabajar en cada una de las áreas evaluadas. El ingreso al mercado fue quizás el ámbito en que se piensa se ha hecho mejores esfuerzos, mientras que el control de prácticas anticompetitivas y el cumplimiento del servicio universal obligatorio son los que dejan mayores interrogantes.



